El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado que "no es humanitario" mantener detenidas hasta 72 horas a madres con niños recién rescatados del mar "en condiciones terribles" y ha pedido que no se les aplique el mismo procedimiento policial que a cualquier otra llegada.

"Esta práctica debería cesar de inmediato", ha exigido durante su comparecencia ante el Parlamento, donde ha presentado el informe "La migración en Canarias" y ha expuesto las principales conclusiones de las últimas visitas realizadas este mes por técnicos de la Institución a centros e instalaciones relacionados con la recepción, detención y acogida de inmigrantes.

Pese a reconocer las mejoras que la Policía Nacional está llevando a cabo para adaptar sus instalaciones, el defensor ha opinado que estas mujeres y sus hijos deberían ser derivados cuando llegan a centros de acogida humanitaria y una vez hayan recibido esa primera asistencia, realizar todos los trámites policiales necesarios.

El perfil de quienes llegan de forma irregular al archipiélago "está cambiando", ha advertido Fernández Marugán, que ha subrayado que en 2021 se ha incrementado el número de mujeres y de menores -son el 33 por ciento de quienes desembarcan-, lo que implica "un nuevo reto" para un sistema de acogida pensado "para una migración fundamentalmente masculina, sin grandes problemas de salud y con un perfil netamente económico".

Para el Defensor, la prioridad es extremar la atención a estos colectivos vulnerables y revisar los protocolos que se les aplican.

En este sentido, ha lamentado que en las inspecciones realizadas por la Institución del 11 al 17 de abril en 14 centros en Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro y Tenerife se detectaron muchos menores en centros de adultos "por la aplicación de unos protocolos inadecuados, que deben ser reformados", ha aseverado.

Durante su comparecencia, ha reiterado su petición al Ministerio del Interior para que termine con las restricciones a la libre circulación de los inmigrantes y les permita desplazarse desde Canarias a la península "en los términos que ha establecido" el Tribunal Supremo en sentencias recientes.

Ha recordado que en los centros de acogida conviven personas con distintas situaciones administrativas. Así, ha citado a nacionales marroquíes que en su mayoría tienen pasaporte y cuentan con órdenes de expulsión, que "en estos momentos no son ejecutables" ya que están cancelados los vuelos de repatriación a Marruecos.

Otro de los perfiles, ha añadido, es el de personas de países subsaharianos que son inexpulsables a sus lugares de origen o que tampoco pueden ser devueltas en estos momentos, como sucede con Senegal.