Conchi estuvo meses abriendo su correo electrónico en busca de una respuesta que aliviara su maltrecha situación económica. La contestación siempre era la misma “pendiente de estudio” hasta que, meses después, llegó una carta a su casa de Juan Gopar en la que le comunicaban que su petición para recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) había sido denegada. Es una de las miles de personas que se han quedado fuera de una medida que prometía erradicar la pobreza severa en el país.

En plena pandemia, el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, anunció la llegada de un subsidio que pretendía erradicar la pobreza severa en España. La medida estrella del llamado ‘escudo social’ aspiraba a que nadie se quedara atrás en unos momentos en los que la pandemia azotaba sin miramientos a millones de hogares en todo el país y dejaba a miles de personas en las colas del hambre.

El pasado 17 de mayo, un año después del anuncio de la medida, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que el Ingreso Mínimo Vital había llegado a 260.000 hogares, en los que viven más de 680.000 personas, de las que más de 276.000 son menores. En el caso de Canarias, la prestación había alcanzado a 13.454 hogares de los que 7.157 estaban en la provincia de Las Palmas y 6.297 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Frente a estos datos, están los otros, los que cuesta más encontrar y que muestran que la medida del Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido con las expectativas anunciadas en plena pandemia. De los 99.007 expedientes válidos recibidos en Canarias, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha tramitado 81.242 desde que se puso en marcha la prestación el 15 de junio de 2020. De ellas, un total de 63.837 han sido denegadas, lo que supone un 78 por ciento del total y solo un 16 por ciento se han admitido (13.454). Un cuatro por ciento está en periodo de subsanación (3.941).

 A principios de junio, Intermón Oxfam advirtió de que más de 1,5 millones de personas que viven en situación de pobreza severa en España no pueden optar al IMV por no cumplir con los requisitos establecidos. Según la ONG, en España hay 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso. La previsión de gasto en Ingreso Mínimo Vital para este año es de unos 1.500 millones de euros. Intermón calcula que es cinco veces menor de lo que sería necesario para acabar con la pobreza severa, dado el impacto de la COVID.

Joan Blasco, de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, califica de “nefasta” la gestión que se ha hecho del Ingreso Mínimo Vital y respalda su opinión insistiendo en que “solo ha llegado a unas 260.000 personas, un porcentaje muy pequeño de la población”.

La esperanza puesta en el Ingreso Mínimo Vital fue cayendo desde el mismo momento en el que comenzaron a saturarse los mecanismos para solicitar la prestación. Luego, llegó la tardanza en las contestaciones y, más tarde, las miles de denegaciones.

“Falló, en primer lugar, el planteamiento”, asegura Blasco. Se estableció una cuantía que para 2020 era de 462 euros, una cantidad que, recuerda, “está por debajo de lo que se considera pobreza severa”. Por tanto, indica, “la gente que está fuera del mercado laboral y tiene posibilidades de ingresos se queda con menos de lo que se considera pobreza severa”.

Blasco también critica que, a la hora de evaluar los expedientes, se hayan cruzado datos con Hacienda. “Se han calculado en base a los ingresos de 2019, un año que no fue del todo malo, y eso ha hecho que no se correspondiera con la realidad”. Ha habido mucha gente que el año pasado, debido a la situación de la COVID, “se quedó sin trabajo y ha pasado a una situación de pobreza a pesar de que en 2019 pudiera tener unos ingresos razonables. Al final, todas estas personas han quedado automáticamente excluidas”, señala.

En casa de Conchi son cuatro y en unos meses serán cinco. Vive junto a sus dos hijos, de 26 y 24 años, su nieta de cuatro y espera otro nieto. Antes de la pandemia, su hijo trabajaba en una lavandería y ella se ganaba la vida cuidando a personas mayores en la economía sumergida, pero le daba para sobrevivir, pagar los gastos y el alquiler.

Poco antes de la pandemia, su hijo se quedó sin trabajo y sin posibilidades de cobrar la prestación por desempleo. A ella, el estado de alarma la fue dejando sin personas a las que cuidar, hasta quedarse sin ingresos y sin tener con qué abonar los 500 euros de alquiler. Desde junio, no ha podido pagar la renta del alquiler. La sombra del desahucio planea desde hace algún tiempo sobre la familia.

De momento, solo 13.454 hogares canarios se han beneficiado del subsidio

Poco después de anunciarse el Ingreso Mínimo Vital, solicitó la ayuda. También lo hizo su hija, con una menor a su cargo. “Nos dijeron que podíamos solicitarla las dos”, recuerda Conchi. Durante meses, fueron y volvieron al ordenador sin tener respuesta. “La espera fue agobiante. Había puesto todas las esperanzas en ese Ingreso Mínimo”, asegura.

A principios de este año, el cartero se presentó en su casa. Traía la carta con la respuesta. “Cuando la abrí, lo primero que me encontré en negrita fue que estaba denegada por vivir mi hija y yo en la misma unidad familiar. No quise seguir leyendo”, asegura. La carta de su hija llegó el mismo día. A ella también se la denegaron.

La familia no recibe ingresos. Vive gracias a las compras de la ONG La caja de la pequeña Silvia. También con el miedo de quedarse en la calle si se lleva a cabo el desahucio. Conchi se arrepiente de haber solicitado el subsidio. “Me han hecho gastar un dinero que no tenía en papeleo, fotocopias..., y tener que pedir prestado a amistades para solucionarlo”.

“Nos han engañado a todos. No entiendo que se deniegue cuando no hay ingresos en las cuentas. Y, como yo, hay otras muchas familias en situaciones vulnerables. Esto ha sido nefasto. No tengo ni para pagar el alquiler, ni para comer”, lamenta.

Ayuda o publicidad

La derecha hablaba de “paguita” y el Gobierno de “momento histórico”. Defendía su alcance y la anunciaba como la medida que erradicaría la pobreza severa. Un año después, miles de españoles se han quedado fuera de este paraguas social. Joan Blasco tiene claro que “no ha sido una herramienta bien pensada”. A su juicio, el Gobierno lo que hizo “fue una buena campaña de publicidad. Ahora, que se cumple un año, ha dicho que va a ampliar los casos de la gente que podría acceder”. Al final, “es solo una manera de estar en primera página sin hacer demasiado”.

“No se han cumplido los objetivos con la pobreza severa. En Canarias, hay unos 13.400 hogares que están recibiendo el IMV, pero, según el último informe de Cáritas en las islas puede haber 140.000 hogares en situación de pobreza extrema”, explica. Además, apunta cómo “en 2020 se dieron 7.400 ayudas por la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y eso no cubre al resto de las personas que se han quedado fuera”. Y añade que “ni la ayuda estatal ni la autonómica son suficientes para acabar con la pobreza”.

El representante de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza asegura que en Canarias se han quedado fuera de la prestación personas que viven con pensiones no contributivas. “Esta gente, aunque tiene ingresos, no le da para vivir. A veces, con una pensión no contributiva viven varias personas”, recuerda. También aquellos que tuvieron ingresos en 2019, pero se quedaron sin ellos en 2020 y 2021.

Reparto de alimentos en Misión Cristiana.

El Gobierno anunció la ayuda como la medida estrella del ‘escudo social’

La brecha digital también ha apartado de la ayuda a muchas personas que no tenían ordenador ni la forma de acceder a él. “Ha habido gente mayor, sin conocimientos informáticos o que no se han enterado de que esto existe”, señala.

Omaira del Río tiene tres hijos. Uno de cinco años, otro de cuatro y uno a punto de cumplir los tres. Antes de la pandemia, el sueldo de su marido les daba para ir sobreviviendo. Llegó la COVID y se quedó sin trabajo. La prestación por desempleo les permitió seguir adelante, aunque dejando en el camino muchas cosas. Llegó el día en el que la ayuda del paro se redujo a 535 euros. Omaira había escuchado hablar del Ingreso Mínimo Vital y pensó que ellos eran buenos candidatos para alcanzar este subsidio.

“Lo vi como una posibilidad de desahogo para que a mis hijos no les faltara de nada”, dice, mientras comenta lo duro que es “quitar una caja de leche de la lista de la compra y para comprar carne y que los niños la puedan comer”. Cuatro meses después de solicitar la prestación, supo que se la habían denegado. “Me vine abajo, me sentí abandonada y también con rabia. Los organismos públicos no se ponen en la piel de nadie y tienen que ponerse”.

El motivo de la denegación se debe, según supo, a vivir en la misma casa de sus suegros. “Si no fuera por ellos, me tendría que ir a okupar una casa y eso es algo que no quiero. Al final, soy un peso para mis suegros”, lamenta.

“Para Hacienda, mi unidad comprende a mi marido y a mis tres hijos, no mis suegros”, dice Omaira, mientras sigue preguntándose por qué la incluyen en la misma unidad familiar que sus suegros. “Vivo con ellos por necesidad”, insiste.

Su marido lleva unos meses cubriendo una sustitución en el Ayuntamiento de Tuineje. Cobra 800 euros, pero sabe que ese ingreso se acabará tarde o temprano. “Con 800 euros no se puede mantener a tres niños. Al final, se tienen que privar de un bote de nocilla porque en el monedero me quedan cien euros para llegar a fin de mes y tengo que comprarles carne, leche y yogures”, cuenta.

Sin transparencia

Joan Blasco denuncia la falta de transparencia que ha sobrevolado sobre el Ingreso Mínimo Vital durante su primer año de existencia. “Se deniega, pero no se explican los motivos. No se ha tenido en cuenta que la COVID ha hecho que muchas familias sufran una situación sobrevenida. Eran familias que no necesitaban nada, pero a partir de marzo y abril del año pasado empezaron a tener una serie de necesidades”, apunta. A su juicio, lo que tendría que haberse hecho es preguntar a los servicios sociales municipales cuántas familias han tenido necesidad y encargarse de tramitarlas.

Los servicios sociales acogieron con entusiasmo la llegada del Ingreso Mínimo Vital. Llevaban tiempo esperando una norma de tal envergadura. Luego, vieron cómo los solicitantes se toparon con un muro burocrático, formularios telemáticos y dificultades de acceso a la información y la orientación, en medio de una situación de confinamiento que dificultaba la presencialidad.

Amparo Marbán es la trabajadora social de Misión Cristiana Moderna. Un año después de entrar en vigor la medida, hace balance y lamenta la tardanza que ha acompañado todo el proceso. “De las que he ayudado a tramitar o a recopilar documentación, todas han llegado tarde y muchas denegadas, aunque es verdad que luego se han aprobado con carácter retroactivo”, apunta.

Ha echado una mano a unas veinte personas para solicitar el ingreso, entre usuarios de la casa de acogida de Misión Cristiana y del banco de alimentos de la congregación religiosa. De esa veintena, más de la mitad de las solicitudes han sido denegadas y, en algunos casos, no aparecía el motivo.

La trabajadora social explica cómo en su inicio el IMV “no necesitaba informes de ningún tipo y muchas familias se quedaron fuera, sin acceso a la prestación. Finalmente, hubo una reforma que incluyó la posibilidad de añadir un informe de vulnerabilidad para acreditar la condición en la que se encuentra”. El informe, continúa explicando, “se ha de hacer desde los servicios sociales municipales, pero, como ya sabemos están saturados”.

Amparo Marbán insiste en que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social y “debe ser este ente el que dote de todas las herramientas y personal necesario para sacar adelante esta prestación. De lo contrario, ocurre lo que ocurre y es que mucha gente no puede acceder a ella”.