"Me siento abandonada", dice Davinia, mientras repasa cómo todo se empezó a torcer. Trabajadora en el sector turístico, el estado de alarma por la pandemia de coronavirus la llevó al desempleo. Asegura que siempre ha cumplido puntualmente con los pagos. Empezó a tener dificultades para afrontar el alquiler de la vivienda en la que reside desde hace cinco años con su hija menor de edad. A finales de septiembre su casero le interpuso una demanda de desahucio y ahora trata de frenar un desalojo que, si nada lo evita, se producirá en menos de tres meses: “Una trabajadora social me dijo que la única solución era ir al albergue o buscarme la vida”.

En una isla que ya ha superado los 19.000 parados y los 20.000 trabajadores en Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), la angustia de Davinia no es un hecho aislado, se extiende de forma silenciosa. El miedo a perder la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. “Más incluso que no tener para comer”, reconoce Leticia Padilla, concejal de Lanzarote en Pie en el Ayuntamiento de Arrecife. Padilla está en la oposición, pero, por su activismo social, a su despacho llegan muchos casos de familias desesperadas: “Es desolador ver a la gente llorar porque no sabe si mañana va a tener un techo”.

En una sola semana de enero, el Ayuntamiento capitalino resolvió 52 peticiones de ayuda al alquiler, que ya se sitúan como la principal demanda social. Davinia consiguió una subvención de Arrecife, que en su ordenanza de Servicios Sociales, que no se actualiza desde 2008, establece que las “ayudas para alquiler de vivienda habitual, cuando existan garantías de continuidad en la misma”, serán de hasta “tres meses del importe” como máximo. “Me dicen que no me pueden dar otra ayuda hasta el próximo mes de octubre”, señala esta madre, que comparte la vivienda con su hija adolescente.

La mujer ha acumulado una deuda con su casero de 1.800 euros. Ha tenido trabajos temporales en los últimos meses, uno de los últimos en un hotel de Puerto del Carmen que cerró sus puertas tras frustrarse la temporada turística de invierno, la gran esperanza para la recuperación económica de las Islas. “De lo poco que he ido cobrando le he ingresado y he intentado hablar para buscar un arreglo”, asegura.

Desesperada, se puso en contacto con la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, a través de las redes sociales. “Me contestó que no estaba sola”. Del Cabildo le llamó una trabajadora social, y ha entregado los documentos que acreditan su precaria situación y su problema con la vivienda. “Mandaron los papeles a una abogada, que no conozco, y me dijeron que me tendrían en cuenta para un plan de empleo”. De momento, sigue a la espera.

De forma paralela, está pendiente de que se le designe un abogado de oficio para una vista que tiene en febrero por la demanda de desahucio. “El perfil que más nos llega es el de mujeres solas con niños a su cargo”, dice Padilla, que ha planteado al Ayuntamiento de Arrecife, por ahora sin éxito, que modifique la ordenanza y, por lo menos, se le puedan cubrir seis meses de alquiler al año a una familia necesitada.

La Consejería regional de Vivienda ha abierto una convocatoria de ayudas, que finaliza en marzo, con las que se podría llegar a cubrir entre el 40 y el 50 por ciento del arrendamiento. Mientras tanto, asegura Padilla, “se siguen recibiendo órdenes de desahucio de los Juzgados”. Los informes de vulnerabilidad social que emiten los ayuntamientos suelen posponer los desalojos, pero no los anulan de forma definitiva.

La Isla más necesitada

Lanzarote es, junto con El Hierro, la isla en la que, porcentualmente, más se demanda vivienda de protección oficial. En un informe del Gobierno de Canarias de este pasado mes de diciembre se destaca que el número de demandantes inscritos ascienden a 1.578, casi el triple que en Fuerteventura (560) o cinco veces más que en La Palma (308).

Las cifras, ya de por sí elevadas, no reflejan la magnitud del problema. “Son la punta del iceberg”, señala un cargo público vinculado a Servicios Sociales. Se estima que una cantidad importante de familias con problemas de vivienda en Lanzarote no se inscriben como demandantes de vivienda de protección oficial.

La última promoción del Gobierno de Canarias fue de 44 viviendas en la calle León y Castillo, con opción de compra a 70.000 euros el piso. En cualquier caso, las medidas para tratar de paliar a corto plazo el problema habitacional en Lanzarote se están demostrando insuficientes.

La Consejería regional de Vivienda anunció a finales de enero, como una medida estrella, la compra de 323 viviendas protegidas en régimen de alquiler, a través de la empresa pública Visocan, para lo que destinará una inversión de 31 millones de euros.

Pese a que Lanzarote está a la cabeza en cuanto a demanda –de los 1.578 demandantes de vivienda de protección oficial, 1.105 se han inscrito para alquiler-, el Gobierno solo contempló para la Isla 19 inmuebles. En Fuerteventura, con 409 demandantes de alquiler, se comprarán 44 viviendas, y en La Palma, con 269 demandantes, se adquirirán otros 36 inmuebles.

Luego está la efectividad real del compromiso gubernamental. En junio de 2019, cuando ya el problema de la vivienda en Lanzarote se agudizaba, por factores como los sueldos bajos, la presión del alquiler vacacional o la falta de un parque de inmuebles a precio asequible, el mismo Gobierno de Canarias anunció la compra de 23 viviendas en Arrecife para “facilitar el alojo temporal de familias en situaciones excepcionales de exclusión habitacional”.

En aquella convocatoria, se anunció también la compra del mismo número de inmuebles en Puerto del Rosario. En la capital majorera el Gobierno terminó comprando 11 inmuebles a la Sareb, el conocido como banco malo, a precios que oscilaron entre los 88.346 y los 97.520 euros. En Arrecife no se llegó a adquirir ninguna vivienda. En ocasiones, las promesas se las lleva el viento.