El juez Arcadio Díaz Tejera ha rechazado el intento de Miguel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas de ofrecer "la totalidad de las participaciones" de una de sus empresas, que ostenta la mayoría accionarial del club, para garantizar los 50 millones de euros de fianza que se le exige.

El pasado 9 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria abrió juicio oral contra Ramírez por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y le dio un plazo de 24 horas para depositar una fianza de 50 millones para hacer frente a sus posibles responsabilidades.

En la causa, la Fiscalía solicita para Miguel Ángel Ramírez un total de 21 años de cárcel y una multa de 105 millones de euros, al ser acusado de haber defraudado 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017.

En un auto hecho público este miércoles, el juez revela que Miguel Ángel Ramírez ofreció como fianza todas la participaciones de la empresa Sport Trade Capital, de la que es administrador único, y que ostenta en la actualidad el 63 por ciento de las acciones de la UD Las Palmas.

Tanto la Fiscalía como el sindicato USO se opusieron al ofrecimiento de Ramírez, que se produjo el 26 de octubre, al entender que la fianza "no es válida" y "resulta insuficiente en su cuantía".

Por su parte, Seguridad Integral Canaria afirmó que no está acreditado "el valor de las acciones" de la UD Las Palmas de la que es propietario Ramírez ni que resulte "insuficiente para cubrir la fianza".

En cambio, el Juzgado se inclina por el criterio de la Fiscalía y ha determinado que con las acciones de la UD Las Palmas "no quedan garantizadas las responsabilidades exigidas" a Miguel Ángel Ramírez.

En su resolución, el juez señala que no procede por el momento "pronunciarse aún sobre la solvencia o insolvencia" de Ramírez. Contra el auto cabe recurso ante el propio Juzgado o en apelación ante la Audiencia Provincial.

Las claves del caso

El juez Arcadio Díaz Tejera es el décimo que pasa por esta causa desde que se abrió en 2014. La instrucción se dio por concluida a mediados de junio pasado.

En este caso, se acusa a Miguel Ángel Ramírez y a Héctor de Armas de haber defraudado hasta 37 millones de euros al erario público entre 2010 y 2013 al disfrazar sistemáticamente como dietas el abono de las horas extraordinarias de sus trabajadores.

La Seguridad Social cifra en 13,74 millones de euros el quebranto que le ocasionó esa práctica, mientras que la Agencia Tributaria calcula en 6,57 millones el dinero que se le dejó de abonar.

Esa es la imputación principal de la querella de USO que puso en marcha ese procedimiento, pero a ella se le añadieron después nuevos cargos relativos a una segunda posible vía de fraude en las cotizaciones sociales de la plantilla de Seguridad Integral.

Ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló el convenio colectivo que permitía a la empresa de vigilancia y seguridad de Ramírez -en aquel momento, porque luego se la vendió a su socio Héctor de Armas- pagar salarios muy por debajo de los que abonaban las compañías sujetas al convenio estatal del sector de la seguridad privada.

Esos salarios inferiores a los de la competencia los había establecido Seguridad Integral Canaria en un convenio de empresa que supuestamente tenía como finalidad "reflotar" la compañía en medio de la crisis económica. Sin embargo, el instructor apreció que solo supuso sacrificios para la plantilla, mientras que se producía "un aumento significativo del beneficio empresarial y una mejora de SIC en su posición competitiva frente a otras empresas del sector".

El Ministerio Fiscal imputa por estos hechos a Ramírez cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social y a De Armas le achaca tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

La Agencia Tributaria acusa tanto a Ramírez como a De Armas de cinco delitos de defraudación a Hacienda y nueve de fraude en cotizaciones, calificación a la que se suma la Seguridad Social. Por su parte, el sindicato USO atribuye a los dos procesados cinco delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

Peticiones de condena

La Abogacía del Estado en nombre de Hacienda y la Seguridad Social pide condenas de 73 años de cárcel tanto para Miguel Ángel Ramírez como para Héctor de Armas. La Fiscalía solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, en un movimiento que el Ministerio Fiscal considera una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero siguió "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 por ciento de la compañía.