El Juzgado ha dado un impulso a la causa penal por la ocupación de terrenos públicos en Playa Blanca. La raíz de la investigación está en el convenio firmado en 2004 entre el Ayuntamiento de Yaiza y una sociedad del empresario Juan Francisco Rosa, por el que el Consistorio cedió en condiciones muy ventajosas unos terrenos municipales calificados como zona verde sobre los que ha construido una zona de ocio.

Doce años después de que se firmara el convenio, el propio Ayuntamiento, gobernado entonces por Gladys Acuña, lo declaró nulo, y el Juzgado le dio la razón en 2018. El pasado mes de julio, el Ayuntamiento, presidido por Óscar Noda, ordenó el desalojo de los terrenos públicos ocupados por Kikoland, una parcela de 10.125 metros cuadrados que se ha venido explotando como instalaciones deportivas del Hotel Princesa Yaiza.

La formación política Podemos presentó en el pasado mandato una querella contra el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, así como contra las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa. En la querella se apunta a la comisión de presuntos delitos de prevaricación urbanística y fraude a la administración.

Diligencias

Ahora se acaba de reactivar el procedimiento penal. El Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife ha ordenado que se lleven a cabo varias diligencias, entre las que se encuentran la declaración de los querellados iniciales, junto a los siete concejales de CC que votaron en pleno a favor de ese convenio, también en calidad de investigados.

Los concejales citados son Ángel Domínguez, que es el único que sigue siendo edil, Pedro Viñoly, Nancy Peña, José Antonio Rodríguez, José Antonio Lemes y José Francisco Reyes. Además, hay otro que no queda identificado, por lo que el Juzgado ha pedido que se le identifique.

La última semana de octubre declararon como testigos dos concejales de la oposición en aquel momento, Marcial Valiente y José Carlos Rojas. Está previsto que también lo haga Gladys Acuña. Los investigados tenían que haber declarado en octubre, pero se pospuso su declaración.

La Fiscalía ha solicitado que se practiquen otras diligencias, entre las que se encuentra el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Yaiza, para que se persone como perjudicado. Fuentes municipales señalan que el Consistorio está estudiando cómo proceder ante este caso.

Por otra parte, la Fiscalía pide que se incorporen al procedimiento la sentencia por la que se anula el convenio y el dictamen de la Audiencia de Cuentas de Canarias que determine el perjuicio económico que supuso para el Ayuntamiento este convenio, ya que no cobraba ningún canon por la cesión. La Fiscalía también pide que se declare la causa como compleja, lo que alargaría la instrucción hasta 18 meses.

En esos terrenos municipales, el empresario Juan Fran cisco Rosa construyó el centro de ocio Kikoland, dentro del Hotel Princesa Yaiza. La sentencia que anula el convenio señala que se produjo “una alteración del régimen de usos no lucrativos previstos en el plan parcial para las zonas verdes públicas” y que se debió sacar a concurso la licitación.

Yaiza declaró la nulidad del convenio al considerar que concurrían dos causas de nulidad, por haberse dictado prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y por haber “adquirido derechos” una empresa “careciendo” de los “requisitos esenciales para ello”.

Para aprobar el convenio no se llevó “el más mínimo trámite administrativo”, según dice la sentencia. No se hizo ningún informe. Cuando los exconsejeros de Podemos presentaron la querella, declararon que resultaba “especialmente hiriente por la dimensión de la ocupación de suelo público y los beneficios económicos obtenidos ilegalmente por unas instalaciones que se venden en la página web del Hotel Princesa Yaiza, como si se tratara de una oferta complementaria del hotel”.