La construcción del Hotel Royal Palm se encuentra en el centro de un procedimiento penal en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Puerto del Rosario, con 12 investigados, entre cargos públicos del Ayuntamiento de Pájara cuando Rafael Perdomo (PSOE) era alcalde, técnicos municipales, promotores y el arquitecto del establecimiento.

El Juzgado, en una resolución de este mes de febrero, ha apreciado “indicios suficientes de responsabilidad criminal” en cada uno de los investigados por un presunto delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística.

En la causa, que arrancó en septiembre de 2014, están investigados el exalcalde y actual concejal del grupo de gobierno Rafael Perdomo, la exconcejal y actual diputada autonómica Rosa Bella Cabrera, el concejal Farés Sosa y los antiguos ediles Jordani Cabrera, Antonio Carmelo González y Diego Bernardo Perera.

También están investigados el arquitecto municipal José María Fernández y Silvia García, que ejerció de secretaria del Ayuntamiento de Pájara. Del mismo modo, están imputados la propietaria del hotel, Raffaela Di Meglio; su empresa, Canarias Turística 2000; el que fuera apoderado de la misma, Héctor Ruiz; y el arquitecto del establecimiento, Miguel Cabrera Cabrera.

En la resolución judicial, que da por finalizada la fase de investigación y dicta la apertura del procedimiento abreviado, previa al juicio oral, la magistrada María Isabel Quintero resume cinco irregularidades de la “extensa” prueba documental que forma parte de la causa.

Una de ellas es que “la servidumbre de protección” de Costas, que en esa zona de Butihondo es de 100 metros, “afectaría de lleno al hotel”. La consecuencia, recalca la magistrada en su auto, es que eso “inhabilitaría las concesiones otorgadas, siendo nulas de pleno derecho”, al “no contar con la preceptiva autorización de la Dirección General de Costas”.

En la zona de servidumbre de protección de Costas, la legislación establece una serie de restricciones, aunque se trate de terrenos de propiedad privada. Entre las limitaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica destaca “la prohibición de nuevas construcciones, viviendas u hoteles de ningún tipo”.

Parte del complejo en servidumbre de protección de Costas.

En el visor gráfico de Costas se aprecia cómo, dentro de la zona de servidumbre, se encuentran al completo cuatro de las edificaciones del Royal Palm y parte de al menos otras dos.

Por otro lado, el Juzgado señala otras irregularidades, como que la licencia de obras del establecimiento turístico, otorgada en 1999, estaba condicionada a la ejecución de las obras de urbanización, “cuya ejecución” debía ser “simultánea al hotel”.

La acusación pide “demoler el hotel ilegalmente construido” en Butihondo

Además, con el planeamiento municipal en vigor al inicio de los trabajos de construcción, una década después, “la parcela afectada se incluye en el área liberada de edificación” del plan parcial Butihondo.

El Plan General vigente en 2009 es el mismo que en la actualidad. De tal manera, añade el Juzgado, “el proyecto del hotel no tendría encaje en el planeamiento actualmente de aplicación”.

“Pese a no cumplirse la legalidad vigente”, subraya el Juzgado, “se informó favorablemente la construcción” del hotel o “se concedieron autorizaciones necesarias” para su ejecución.

En la causa, además de la Fiscalía, ejerce la acusación popular la Asociación canaria de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, así como dos acusaciones particulares. Desde la acusación se considera que se dieron diversas prórrogas de la licencia de obras pese a que la normativa lo “impedía” y se reclama “demoler el hotel ilegalmente construido”.

Se da la circunstancia de que en la causa judicial también aparece como denunciante la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que en 2018 puso en manos de la Justicia denuncias que había recibido sobre el Hotel Royal Palm. El arquitecto Miguel Cabrera fue director general de Infraestructura Turística del Ejecutivo regional entre 2011 y 2015.

Cuatro años de cárcel

Una vez que el Juzgado ha dado por concluida la fase de investigación, las acusaciones están presentando los escritos de calificación de los hechos y sus peticiones de condena.

Piden cuatro años de cárcel para cada acusado y multas que suman 4,5 millones

Uno de los denunciantes de las presuntas ilegalidades cometidas, Juan Carlos Cabrera Batista, solicita cuatro años de prisión para cada uno de los 11 acusados y la disolución de la empresa promotora del hotel, que también está acusada. Los considera responsables de un delito contra la ordenación del territorio.

Así, destaca que se edificó en una “zona liberada de construcción” en el planeamiento en vigor cuando arrancaron las obras, que se concedieron hasta tres prórrogas de la licencia sin tener en cuenta la normativa y que se invadió la zona de protección de Costas, “cuando es sabido” que la legislación lo impide, sin “la preceptiva autorización” del Gobierno. Al arquitecto municipal le acusa también de no efectuar sus “labores de inspección” pese a las denuncias, “a sabiendas”.

A cada investigado, la acusación le solicita, además de cuatro años de prisión, 15 años de inhabilitación y multa de 288.000 euros. A la empresa promotora del Royal Palm, además de su disolución, le pide una multa de 1,6 millones y la demolición del hotel. Las multas solicitadas ascienden a 4,5 millones.