La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación al juez Salvador Alba, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público, por maquinar contra la jueza Victoria Rosell.

El tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuesto por el condenado y la acusación particular, ejercida por María Victoria Rosell Aguilar y al que se adhirió el partido político Podemos, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El TSJC le impuso las citadas penas de prisión y de inhabilitación por esos tres delitos, así como el pago de una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil.

La sentencia recurrida indicaba que el magistrado fue juzgado por utilizar un procedimiento penal para alcanzar finalidades ajenas al mismo, y más concretamente emplear unas diligencias penales de investigación de un delito para introducir datos en las mismas con la finalidad de perjudicar el prestigio de la anterior juez de instrucción Victoria Rosell.

El alto tribunal considera acreditado que Alba, con la finalidad de dar entrada en una causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez de hechos relacionados con supuestas relaciones comerciales o empresariales que habrían existido con anterioridad entre Ramírez y la pareja sentimental de Rosell, mantuvo una entrevista privada con el empresario, entrevista en la que pactó introducir datos y documentos en el curso de una declaración cuya práctica acordó acto seguido para fechas posteriores.

La finalidad principal de dicha resolución, según el tribunal, “no era recibir declaración al imputado, lo que también tendría lugar, sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción”.

Los hechos

Alba había cubierto la vacante que dejó Rosell en el Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ya que concurría a las elecciones generales. El juez asumió un caso contra Migue Ángel Ramírez como propietario de Seguridad Integral Canaria por un presunto fraude a la Seguridad Social.

Alba pidió al abogado de Ramírez una entrevista con el empresario porque tenía interés en incorporar a la causa unos contratos que pudieran vincular al periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, con Miguel Ángel Ramírez.

Esa entrevista se produjo el 16 de marzo de 2016 y durante la reunión el empresario informó al juez de esas relaciones comerciales y se comprometió a facilitar documentación, fuera de las diligencias abiertas.

El juez se comprometió a declarar la nulidad de las actuaciones en la causa que implicaba a Ramírez para que el asunto no siguiera adelante “impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria”.

De esta forma, Alba conseguía información lesiva para la imagen de Victoria Rosell e incrementaba las posibilidades de que fuera admitida a trámite una querella interpuesta por el ex ministro José Manuel Soria.

También acordaron entre ambos la forma de que esa información se incorporara al sumario judicial a través de una posterior declaración, como así ocurrió. Posteriormente, El Mundo publicó una noticia que afectaba a Rosell y Soria amplió la querella, que se admitió a trámite. Rosell tuvo que renunciara a su puesto en el Congreso de los diputados.