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La agonía de los dependientes: la lista de espera se eterniza en Fuerteventura

Casi 400 personas con dependencia en la Isla esperan por su evaluación

Eloy Vera 0 COMENTARIOS 18/05/2021 - 08:38

“Te sientes frustrado. Parece que nos dan la espalda y que no existe amparo social”, lamenta Felipe Pérez. Este hombre, de 38 años y soltero, vio cómo su vida cambiaba de un día para otro cuando se tuvo que hacer cargo de su tío, de 69, después de que en pleno confinamiento por la pandemia sufriera un ictus que lo dejó con graves problemas de movilidad y comunicación. En mayo del año pasado pidió la ayuda de dependencia, pero sigue esperando. Sabe que la demora va para largo. La lista de espera para ser evaluados en Fuerteventura es de dos años. Según datos correspondientes al mes de febrero de este año, el número de personas que estaban pendientes de ser evaluadas en la Isla ascendía a 392.

La historia de Lucas Vargas, el joven que murió en marzo de 2020 esperando por la ayuda de dependencia, puso el foco sobre la debilidad de la ley de dependencia en Canarias y, en concreto, en Fuerteventura. Lucas enfermó en marzo de 2018 con encefalitis autoinmune con síndrome norse, una enfermedad de las denominadas raras que le dejó postrado en una cama. Su familia pidió la ayuda de dependencia.

Tras publicarse su historia en Diario de Fuerteventura, llegaron las promesas. El Cabildo se comprometió a concederle una plaza en la residencia de discapacitados. El Gobierno de Canarias hizo la promesa de evaluar al joven lo antes posible. Lucas falleció sin lograr ninguna de las dos cosas. Poco después de su fallecimiento, su pareja denunció en prensa “el abandono total” que sufrió el joven por parte de las administraciones.

En marzo de 2019, el servicio de valoración para la dependencia en Fuerteventura tuvo que parar sus funciones, debido a la baja de las dos técnicas que realizaban los informes. En diciembre se nombró un nuevo evaluador, pero apenas duró unas semanas. En marzo de 2020, poco antes de decretarse el estado de alarma, se incorporó una de las trabajadoras. La segunda lo haría en septiembre. Poco antes de la pandemia, la Consejería regional de Derechos Sociales puso a una persona de refuerzo, que fue cesada de sus funciones, al incorporarse la segunda trabajadora en septiembre.

La falta de evaluadores agravó aún más los retrasos que sufría el servicio de evaluación de dependencia de Fuerteventura. Tras las preguntas por escrito de la parlamentaria de Coalición Canaria Jana González, el Gobierno de Canarias informó de que el número de pacientes que esperaban ser evaluados en la Isla ascendía a 392 a principios de febrero de este año, mientras que el de personas pendientes de ser grabadas en el sistema para, posteriormente, ser valoradas en dependencia era de 1.139, con fecha del 24 de febrero de 2021.

José Antonio es titular de uno de los más de 1.100 expedientes pendientes de grabar. El hombre arrastra achaques de salud desde hace años. Problemas tumorales, circulatorios, diabetes... Cuando tenía veintipico años se le otorgó una paga por minusvalía. En abril del año pasado, sufrió un ictus que le convirtió en totalmente dependiente.

Su sobrino cuenta que, debido al ictus, su tío tiene una parte del cerebro paralizada y la otra, también “bastante enferma”. “Tiene el lado izquierdo paralizado y ha perdido habilidades para comer, hablar y comunicarse”, explica. La parálisis hace que necesite ayuda para poder caminar. “Al verse en esta situación, totalmente dependiente, está entrando en una depresión”, lamenta su cuidador.

Después de escuchar la palabra paciencia varias veces por parte de los Servicios Sociales, Felipe no encontró más solución que la de solicitar ayuda de la ley de dependencia. La pidió, pero no ha sabido nada más. “A fecha de hoy estoy esperando a que lo visiten y hagan la valoración. Los facultativos médicos me dicen que tiene que estar cuidado por un profesional sanitario porque tiene muchas patologías”, explica.

Felipe es auxiliar de enfermería. Cree, por sus conocimientos sanitarios y las consultas que ha hecho a profesionales médicos, que su tío tiene un grado tres de dependencia, el mayor de la escala.

Debido a la enfermedad, José Antonio sufre ataques que pueden derivar en un coma. Cuando empiezan, se le debe inyectar una medicación en cuestión de minutos. Felipe va a trabajar cada día con la angustia de que pueda necesitar la inyección y no le dé tiempo de llegar.

No se cansa de repetir que su tío tiene que estar bajo el cuidado y el control de personal sanitario: “No puedo estar en el trabajo y que me llame un familiar diciéndome que ha entrado en coma, como ya ocurrió una vez, y tenga que salir corriendo a ponerle la inyección porque, de no llegar, se muere”.

Pasan más de dos años para que se valore a un dependiente majorero por primera vez

“Me he hecho responsable de él porque es mi tío y no lo puedo abandonar”, dice convencido. Sin embargo, reconoce que su rutina diaria ha cambiado totalmente. “Me tengo que hacer cargo de su cuidado, llevarlo a citas médicas y, cuando me toca trabajar, tengo que dejarlo con otros familiares o pagar a alguien”, explica. A eso se suma un apoyo económico porque con la pensión de José Antonio, 680 euros, a duras penas le da para su alimentación, tratamiento y el pago de impuestos.

La parlamentaria Jana González ha hecho varias preguntas por escrito en el Parlamento para conocer la realidad de la dependencia en Fuerteventura. Explica que, en estos momentos, el servicio de evaluación está funcionando porque “las trabajadoras que estaban de baja se reincorporaron”.

Sin embargo, apunta que el problema es el tapón que se ha generado, debido a que hay “una acumulación de expedientes muy importante, debido a que se estuvo durante un año sin poner solución y sin que se trabajara sobre esos expedientes”.

González echa de menos un mayor compromiso del Gobierno de Canarias en materia de dependencia en Fuerteventura y aboga por poner un refuerzo a las dos evaluadoras, una medida, que permitiría descongestionar el servicio de evaluaciones. “No podemos permitir que los grados de dependencia lleguen cuando la gente muere. Tenemos unas leyes maravillosas, que recogen unos derechos subjetivos geniales, pero en la práctica no existen y seguimos hablando de utopía”, lamenta.

COVID y dependencia

La pandemia derivada de la crisis sanitaria puso en el alambre el ya de por sí debilitado estado de bienestar. El coronavirus arrastró a una crisis sin precedentes a muchas familias que, de un día para otro, se vieron sin recursos para hacer frente a la alimentación, alquiler, hipotecas, la educación de sus hijos... Y también sin recursos con los que contribuir al pago del cuidador que, hasta esos momentos, se hacía cargo del familiar. La nueva realidad sacó a la luz la necesidad de reforzar la economía de los cuidados.

González ha centrado parte de sus intervenciones en el Parlamento de Canarias en exigir y defender los derechos igualitarios y el bienestar social. Reconoce que, antes de llegar la pandemia, la gente vivía una realidad en la que había trabajo, solvencia económica y capacidad para pagar a un cuidador que se hiciera cargo del familiar. “En cambio, ahora estamos en un momento en el que la mayoría está sujeta a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Fuerteventura tiene cifras de paro muy preocupantes y sin visos de que esto se recupere de manera rápida. Por tanto, para las familias es muy necesaria la ayuda de dependencia en tiempos de pandemia”, subraya.

Leticia Martel y María Engracia Sarmiento son dos madres que puede que no se conozcan, pero están unidas por una misma lucha: lograr la ayuda de dependencia para sus hijos. Leticia forma parte de la directiva de Amatea, la Asociación Majorera para la Integración de Personas con Trastorno de Espectro Autista. Está acostumbrada a escuchar a madres quejándose del retraso en las ayudas de dependencia. Ella sabe de lo que hablan sus compañeras. Hace un año solicitó la ayuda para su hijo, de 14 años y diagnosticado con autismo desde que tenía seis años. Sigue a la espera.

Después de entregar toda la documentación requerida, Leticia escuchó cómo le dijeron que vendría una evaluadora a ver a su hijo a casa para “saber cómo se desenvolvía”. De momento, no han llamado a la puerta. “Hace un año que mandé los papeles, pero por aquí no ha pasado nadie”, cuenta.

Mil expedientes no estaban grabados en el sistema de evaluación

“Solicité la dependencia para que mi hijo pudiera tener autonomía y una serie de ayudas para su cuidado”, explica. Ella es viuda y tiene dos hijos a su cargo. Recurre a la familia para su cuidado cuando va a trabajar. La bonificación le permitiría poder pagar un cuidador. A Leticia le serviría para acudir a trabajar tranquila, sin la preocupación de estar pensando con quién le dejará mañana.

María Engracia Sarmiento espera que su hijo Sandro, de 21 años, salga del aula enclave del IES San Diego de Alcalá. Normalmente el microbús le acerca a casa, pero hoy ha decidido ir ella a recogerlo. Mientras espera, cuenta que solicitó la ayuda de dependencia hace tres años. El joven arrastra una discapacidad psíquica del 75 por ciento debido a las complicaciones que sufrió durante el parto. Sandro sufre un retraso madurativo.

Hasta en dos ocasiones ha realizado reclamaciones por el retraso, pero sigue sin llegar la resolución con el grado de dependencia. “La última vez me dijeron que en 15 días llegaría, pero no sé nada”, dice molesta.

“Sandro cobra 500 euros por la discapacidad que padece, pero estos niños necesitan logopeda, piscina y todos esos servicios valen dinero. La ayuda de dependencia me serviría para todo eso y estar más desahogada. Al final, he tenido que ir sacando de otro sitio para poder pagarle estas cosas”, cuenta la mujer.


Rocío, con la documentación de su madre.

Morir sin la ayuda

Rocío Cabrera enterró a su madre Estela el 29 de marzo de este año. La mujer falleció con 92 años. La ayuda a la dependencia jamás llegó. Entre marzo y noviembre de 2020 fallecieron en Canarias 4.583 personas que habían solicitado la dependencia, un 17,8 por ciento más de lo estimado. Según datos del Gobierno regional, hasta octubre de 2019 habían muerto 10.471 personas en Canarias sin dictaminar el grado de dependencia.

El 23 de mayo de 2019, el Gobierno de Canarias aprobó la resolución por la que le reconocía a Estela un grado tres de dependencia, pero no vio la ayuda. “Esto es denigrante para una persona que ha estado trabajando toda su vida y pagando la seguridad social”, sostiene Rocío.

Leticia lleva más de un año esperando que evalúen a su hijo autista

La mujer relata el calvario que supuso para la familia tener que hacer frente a los cuidados de una persona mayor, sin saber muy bien cómo atenderla. Un día su madre sufrió una caída que le produjo una rotura de cadera. Debido a la edad y al cuadro médico, no pudo entrar en el quirófano. Fueron sus hijos los que cuidaron de ella. “Tuvimos que aprender a hacer de enfermeras para poder mover a una persona con una cadera rota”, recuerda emocionada.

Sus hijos llegaron, incluso, a pedir una ayuda a los Servicios Sociales de Puerto del Rosario, pero “no se dignaron a mandar a alguien para que nos echara una mano con el baño. Una persona sola no podía”.

Se cansó de escuchar que todo estaba aprobado, pero que hacía falta una última valoración antes de recibir la ayuda. El médico de cabecera le llegó a decir: “¡qué más valoración quieren si ella no va a tener mejoría y cada vez va a ser más dependiente!”. Rocío tiene un hermano con discapacidad. “No me voy a molestar en arreglarle los papeles. Sé que no me van a dar nada ni recibir ninguna ayuda”, dice convencida.

Mientras tanto, Leticia, María Engracia, sus hijos, Felipe y su tío José Antonio... Y así centenares más de enfermos y familiares siguen esperando a que llegue una ayuda que jamás desearon pedir.

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