Miguel Moliner, de 74 años, ha vivido dos dictaduras en su país, la de Fulgencio Batista y la de Fidel Castro y en ellas “los pobres siempre han sido pisoteados”, asegura. Cuando en 1996 salió de Cuba rumbo a España tenía claro que sería para no regresar, pero jamás pensó que estaría nueve años viviendo en situación administrativa irregular en este país.

Un cúmulo de circunstancias y la falta de un contrato laboral han impedido regularizar su situación y lograr el arraigo social. Después de años de batalla cogido de la mano de la Asociación Entremares, ha logrado regularizar su situación por un año. Comienza ahora una nueva etapa para este hombre al que todos conocen en Fuerteventura como El músico cubano.

La reapertura de la ruta migratoria hacia Canarias ha vuelto a alentar los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha. Han rescatado el alegato de que a España llegan miles de inmigrantes atraídos por las facilidades que ofrece el país para conseguir la residencia y las miles de posibilidades que oferta al extranjero para lograr vivir dignamente con papeles y amparado por la economía formal. La historia de Miguel desmonta todos estos mitos.

Miguel nació en La Habana hace 74 años. “Conozca Cuba primero y después el extranjero”, dice una canción del compositor Eduardo Saborit. Y eso fue lo que hizo, recorrer todo el país con sus espectáculos musicales hasta que decidió ir a Madrid con la intención de quedarse. “En Cuba, los cubanos no podemos vivir y menos si eres negro. Allí hay un problema con el racismo y en la dictadura de Fidel se ha afincado mucho más”, sostiene.

Cansado, hizo las maletas y se vino a España para actuar con su espectáculo durante cuatro meses en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. “Cuando salí de Cuba tuve claro que no regresaría”, asegura. Tras terminar la temporada en el teatro, una excompañera del espectáculo ofreció a cinco de los músicos la posibilidad de quedarse y les brindó una casa en Mallorca. Miguel aceptó. “Decidí ir a esa isla porque la vida en Madrid es dura cuando llegas de fuera. En Mallorca, conocí una chica española con la que estuve cuatro años casado”, cuenta.

El matrimonio le permitió acceder a la residencia como familiar de una ciudadana comunitaria durante cinco años. Finalmente, el matrimonio decidió separarse. Miguel vino a Canarias alentado por la posibilidad de trabajar en las Islas y después de ver cómo la situación en Mallorca se estaba poniendo cuesta arriba para quienes buscaban un empleo. Era 2007 y España caminaba ya sin freno hacia una de las mayores crisis económicas de su historia.

“Empecé a trabajar en Fuerteventura, pero cuando se me acabó el contrato comenzó la crisis de 2008 y ya no había manera de conseguir empleo”, explica. Tuvo varios trabajos esporádicos, algunos como músico. Fue entonces, cuando decidió estudiar quiromasaje y osteopatía.

La falta de un contrato laboral estable le impidió en 2011 seguir renovando el permiso de residencia. Lo último que pudo hacer fue una suplencia de trabajo en un espectáculo en 2015. Miguel cuenta cómo le hacían contratos temporales: “Pero no por un año para poder así mejorar mi situación económica. En el último contrato temporal les dije que, si no había posibilidad de un contrato estable, no me llamaran más. No podía seguir comiendo hoy y dejando de comer mañana y pasado”.

La técnica de migraciones del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM) de Entremares, María Greco, asegura que en el caso de Miguel “confluyen un cúmulo de circunstancias que han hecho que esté desde 2011 residiendo en España en situación administrativa irregular”.

El retraso en la aplicación de la directiva comunitaria que regula los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España provocó que cuando Miguel, que llegó de manera regular y contrajo matrimonio con una española antes de 2007, tuvo que acceder a la residencia permanente en España aún no se había traspuesto la directiva de 2004. Será en 2007 cuando se trasponga a la legislación española.

Para esta experta en migraciones, “una de las lacras que ha sufrido este país es el hecho de que no haya habido una política de extranjería sobre inmigración eficaz. Esto ha provocado más de cinco modificaciones de la normativa de extranjería y que muchas personas se hayan visto afectadas por ello y Miguel es un ejemplo”.

Otra de las causas que ha impedido a Miguel regularizar su situación es no haberse podido acoger al arraigo social. María Greco explica cómo la vía más común para poder acceder a la regularización suele ser el arraigo social, que pasa por “sobrevivir, en las condiciones que sean, como mínimo tres años acreditados en España.

“Cuando salí de Cuba, tuve claro que no regresaría”, asegura Miguel

Estas personas, si consiguen llegar a los tres años, tienen que encontrar a un empleador o empleadora dispuesto a hacerles un contrato de, al menos, un año”. La experta en migraciones insiste en que “esto no es fácil en uno de los colectivos que más temporalidad laboral sufre. Superar este primer filtro, repetidamente criticado por diferentes organizaciones e, incluso, por el Defensor del Pueblo, puede ser un esfuerzo en balde si se pierde el contrato de trabajo, elemento imprescindible para poder renovar las sucesivas autorizaciones de residencia y no caer en la irregularidad sobrevenida”.

“Desde el servicio en estos siete últimos años hemos asistido al fracaso de esta fórmula para conseguir la residencia legal. La exigencia de que el contrato deba ser de un año, cosa casi imposible tras la reforma laboral, hace que esta vía de regularización se convierta en una auténtica carrera de obstáculos, la mayoría de las veces imposibles de superar”, lamenta.

Miguel lleva años buscando un contrato, pero ¿quién ofrece empleo a una persona de más de 70 años cuando no hay empleo ni siquiera para jóvenes?, se preguntan desde Entremares.

Incertidumbre

“La pandemia nos ha mostrado lo que es la incertidumbre y lo que es vivir sin saber lo que va a pasar. Las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, como es el caso de Miguel, viven igual. Con incertidumbre y el temor de no saber qué va a ser de ellos, sin opciones. Son personas relegadas a los márgenes del sistema y privados de derechos básicos fundamentales”, asegura. “Las condiciones que ha generado la pandemia han profundizado su precariedad hasta llevarlos al límite”, añade.

Además, muchos de ellos caen en la enfermedad con episodios y trastornos de índole mental. “Se encuentran con que se tienen que plantear que no pueden trabajar porque han llegado a una determinada edad, pero a la vez no saben lo que va a ser de sus vidas. Se hallan sin recursos económicos, sin redes familiares de apoyo”, explica Greco.

“Estos nueve años han sido duros, pero mi suerte es que tengo mucha fe en Dios. De otra manera ya me hubiera vuelto loco”, asegura Miguel. En Mallorca trabajaba en la escuela de danza y música. Con el documento que acredita su paso por ese centro intentó, hasta en tres ocasiones, entrar en la Escuela Insular de Música del Cabildo de Fuerteventura. Jamás lo logró. Miguel reconoce que, durante todos estos años, no ha tenido ni sentido miedo porque, si no, hubiera estado “muy mal”. “El miedo quita las ideas, los principios y la posibilidad de salir adelante”, dice.

No sabe cómo ha podido mantenerse todos estos años, pero nunca le ha faltado la comida. “En Cuba sí hubo un momento en el que me faltó. En Fuerteventura ha habido mucha gente que se ha acercado y me ha ayudado sin yo saber quiénes son”, dice emocionado.

En 2019, Entremares solicitó a la Secretaría de Estado de Migraciones una solicitud de autorización de residencia de las previstas en la Disposición adicional primera punto 4 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento de Extranjería. Esta dispone que, en aquellas circunstancias de naturaleza económica, social o laboral que lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia, se podrán conceder autorizaciones de residencia.

En septiembre de 2020, se resolvió la solicitud a favor de Miguel. Tras nueve años en situación irregular, el cubano ha conseguido tener el permiso de residencia por un año. En septiembre tendrá que ver cómo renovarlo.

El músico sabe que comienza una nueva etapa. “Estoy tranquilo hasta cierto punto, pero sé que tendré que seguir batallando. Yo no quiero vivir de la caridad pública. Estoy bien para trabajar. Le pido a dios que me dé fuerzas para continuar, salud y ser mejor persona cada día que amanece”, dice convencido.

María Greco cree que detrás de historias como la de Miguel o la de otro hombre chileno de 87 años al que también Entremares ha conseguido regularizar su situación hay falta de una verdadera política de inmigración y un gobierno que no tiene claro qué se quiere de los inmigrantes. “Queremos a las personas para que vengan a trabajar a España y, cuando se agota la vida laboral, que se marchen del país. No hay un verdadero planteamiento para hacer una acogida digna a estas personas”, lamenta.