La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su "indignación y preocupación" ante la posibilidad de que el Gobierno de España esté deportando nacionales malienses a su país de origen "a través de la utilización de vías indirectas".

La asociación ha explicado que el Defensor del Pueblo ha documentado en lo que va de año al menos tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las Islas Canarias, con migrantes de terceros países subsaharianos, entre los que se incluyen nacionales de Mali.

"Ya en julio de 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que la prohibición del retorno forzoso a Mali debe mantenerse hasta que la seguridad, el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Malí hayan mejorado significativamente", ha recordado.

En este contexto, la UPF ha apuntado que ACNUR "considera que actualmente es imposible conseguir un retorno seguro, digno y compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales, dado que el conflicto en Mali se ha agudizado en el último año, aún más, con motivo de la incidencia que en el conflicto bélico están teniendo los devastadores efectos del cambio climático".

"La utilización de vías indirectas, como lo ha sido la utilización del Convenio Bilateral firmado por España y Mauritania en el año 2003, bajo la única presunción de que las personas deportadas transitaron por ese país, es un atajo intolerable cuando hablamos de la protección de derechos humanos de las personas más vulnerables del planeta", ha lamentado la asociación de fiscales.