El curso escolar 2020/2021 comenzará el 15 de septiembre en los niveles de Infantil y Primaria, el 16 en Secundaria y el 17 en otras enseñanzas especiales, según ha confirmado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Las clases serán presenciales en todas las islas, pese a que en las últimas semanas se ha sugerido que aquellas con más incidencia del coronavirus, como Gran Canaria o Lanzarote, empezarían de forma online.

Julio Pérez ha asegurado que el 15 de septiembre es finalmente la fecha “adecuada” porque garantiza un inicio escolar seguro a nivel sanitario, toda vez que los centros educativos han adoptado las medidas de precaución necesarias, los equipos directivos se han preparado para ello y la plantilla de profesores se ha complementado e incrementado.

El Gobierno, ha continuado Pérez, ha reforzado la coordinación entre las consejerías de Sanidad y Educación para tratar de alcanzar una “verdadera sincronización”, y ha adelantado que se realizarán pruebas PCR a alumnos, profesores y personal en aquellos centros situados en zonas donde la COVID-19 tenga mayor incidencia.

“No tenemos clases (presenciales) desde el 13 de marzo. Si la salud es importante, si la economía es importante, la educación también lo es. La reanudación de la actividad educativa tiene una especial trascendencia”, ha subrayado Julio Pérez, acompañado por la consejera de Educación, Manuela Armas.

Armas ha asegurado que la presencialidad de los alumnos es “fundamental” y un modo de enseñanza que en ningún caso puede ser sustituido, además de que las aulas tampoco son espacios más inseguros que cualquier otro.

Los niños, de hecho, estarán “vigilados” en cierto modo por los docentes, y ha insistido en que el comité científico ha dado igualmente su visto bueno tras una reunión de varias horas con el Ejecutivo.

Las pruebas PCR en las denominadas zonas calientes, como algunas zonas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote) actualmente, se realizarán durante dos o tres días una vez comience el curso, y no antes, puesto que los alumnos deben estar presentes en las aulas y las familias deben dar previamente su permiso para las pruebas.

En caso de que se detecte un positivo, Armas ha señalado que cada centro dispone de un responsable de COVID-19 con la formación adecuada que sabrá qué decisión tomar, además de que se facilitará un número de teléfono para agilizar la coordinación entre un determinado centro educativo y su centro de salud más cercano.

Una vez activado el protocolo correspondiente se iniciarán los rastreos para determinar el número de alumnos, profesores y demás personal contagiado, y en función de los resultados, se decidirá si cerrar o mantener operativa la burbuja.

Este hecho, según Manuela Armas, es una “gran ventaja”, dado que permite que el centro educativo se mantenga abierto en caso de que una burbuja concreta cierre.

Por otro lado, el plan de contingencia individualizado de los centros educativos frente a la COVID-19 emana del propio protocolo general y está elaborado y supervisado por expertos sanitarios y por el departamento de riesgos laborales, aparte de que cada inspector de zona lo revisará finalmente y cerrará el documento, ha apostillado la consejera.

Este jueves se cierra asimismo la última ronda de los nombramientos de docentes, en función de las bajas y de las necesidades de cada plantilla, además del nombramiento del profesorado extra en Primaria y Secundaria: “mañana toman posesión todos ellos, al mismo tiempo, en cada uno de los centros”, ha rematado Armas.