“La multinacional RIU falseó y ocultó información esencial” sobre el complejo de apartamentos Oliva Beach, enclavado en las Dunas de Corralejo, que, de haberse conocido, hubiese impedido la concesión del dominio público que disfruta desde el año 2003. Por ello, “no puede presentarse como una víctima”.

Así lo destaca la Federación ecologista Ben Magec tras conocer los informes de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que concluyen que la concesión para los 432 apartamentos y 10 locales comerciales es nula de pleno derecho, puesto que RIU escondió que no cumplía con el requisito clave de ser el propietario de todos los inmuebles.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el trámite para revisar de oficio la concesión al Oliva Beach y Ben Magec reclama que se impulse el expediente y se anule. “Está en entredicho el soporte legal de las instalaciones” construidas en las Dunas “y, por tanto, la continuidad de las mismas en el dominio público marítimo terrestre”, señala la federación ecologista.

El criterio del ministerio es que, como el complejo de apartamentos no estaba construido y en uso antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en julio de 1988, tampoco podría acceder legalmente a una concesión.

“RIU es la única responsable de esta situación”, señala la federación ecologista, que critica el “dilema creado de forma intencionada” por la empresa, en el que se enfrentaba “el mantenimiento del empleo” con “la observancia de la ley y la conservación del medio ambiente”.

 Esa “dicotomía” no existe, señala Noelia Sánchez, secretaria de Ecologistas en Acción en las Islas. “Se ha presentado un escenario donde parece que no queda más remedio que elegir entre dos opciones irreconciliables, respetar la legalidad y el medio ambiente o preservar los puestos de trabajo”, añade.

“El relato que se ha construido de los hechos es falso y está completamente manipulado”, apostilla la portavoz ecologista. Desde Ben Magec se solicita también al ministerio “el inicio de un expediente sancionador” a RIU por las “graves vulneraciones de la Ley de Costas”.

La cadena turística activó el año pasado una campaña de presión, con amenaza incluida de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre una plantilla de 370 trabajadores, a la que se sumaron los sindicatos, mientras que “responsables políticos de distinto signo mostraron públicamente su total apoyo a la multinacional hotelera” y “un sector de los medios de comunicación puso el foco en la actuación administrativa, tildándola de reaccionaria y contraria al interés general”, señala la federación ecologista.

Para Ben Magec, si RIU “quiere presentarse como una empresa social y medioambientalmente comprometida debe hacerse responsable de sus actos y ofrecer alternativas diferentes a la apertura de un ERE, especialmente al tener tres hoteles más de gran tamaño en Fuerteventura”.

El grupo RIU tiene en total cerca de un centenar de establecimientos, casi 30.000 empleados y una facturación que supera los 2.100 millones de euros . “De la misma manera que prácticamente no aumentan los empleos cuando se incrementan los beneficios, aún sabiendo que el escenario actual” del Oliva Beach “podía darse, no han previsto con antelación soluciones para su plantilla”.

Sistema dunar “excepcional”

El Parque Natural de las Dunas de Corralejo centrará la mirada de los grupos conservacionistas del Estado, liderados por Ecologistas en Acción, “para hacer cumplir la legislación vigente en materia medioambiental”.

Será una de las claves de la campaña Sin biodiversidad no hay vida que se difundirá a lo largo de 2020. En la reciente Cumbre Social por el Clima celebrada en Madrid, la situación de las Dunas se tomó de ejemplo como “un espacio natural protegido avasallado por los intereses especulativos”, indica Honorio Galindo, presidente de Turcón, uno de los colectivos personados en el expediente.

El Oliva Beach se enclava en un sistema dunar “vivo y excepcional”, de gran valor natural y paisajístico, destacan los ecologistas. Así lo acredita que sobre el entorno recaigan varias figuras de protección: Parque Natural desde 1982, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Natura 2000 desde 2001, Zona Especial de Conservación (ZEC) desde 2006 y, desde ese mismo año, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).