La historia interminable de las licencias anuladas a hoteles por la Justicia en Playa Blanca tiene otro capítulo más, y es de lo más rocambolesco. La propiedad del Hotel Papagayo Arena, cuya licencia de obra fue anulada en el año 2007 y cuyo intento de obtener un nuevo permiso posterior tras la aprobación del Plan General de Yaiza de 2014 también fue tumbado por el Tribunal Supremo el año pasado, ha iniciado otro camino judicial para intentar legalizar su situación.

Su intención ha sido esquivar al Cabildo de Lanzarote y a la Fundación César Manrique (FCM), que son las dos entidades que impugnaron esa licencia otorgada en 1998 por el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que cumple una condena de seis años de cárcel precisamente por la concesión de esta y otras licencias.

El hotel, de más de 700 plazas, impugnó el rechazo al proyecto de legalización por parte de Yaiza en un Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas de Gran Canaria, y al tiempo solicitó al Juzgado que nombrara a un mediador intrajudicial para resolver el conflicto.

Yaiza no se opuso a esa mediación y el mediador nombrado ha realizado una propuesta para que el hotel pueda ser legalizado llevando a cabo pequeñas obras que no supondrían el derribo y que se adaptarían a las determinaciones del plan parcial y del Plan General.

La propiedad del hotel sigue sosteniendo que la anulación de la licencia se realizó por motivos formales, no de planeamiento, por la falta de informe jurídico y falta de publicación del plan parcial Las Coloradas.

La licencia se concedió en un plazo de solo tres días desde que se solicitó y, aunque el TSJC no entró en el fondo del asunto porque los defectos de forma ya impedían que se hubiera concedido la licencia, el hotel incumple, entre otros parámetros, la altura y el número de plantas máximas y supera notablemente las condiciones de edificabilidad del plan parcial Las Coloradas, ocupando 20.000 metros cuadrados de más.

El hotel ocupa 20.000 metros de más y la Fundación considera que hay que demolerlo al ser ilegalizable

El resultado de la mediación se comunica a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es la que anuló la licencia y la que debe ejecutarla. Tanto el Cabildo como la FCM se han opuesto a esa vía, pero el TSJC aún no ha resuelto si da por buena dicha solución, que supondría ejecutar una sentencia firme sin tener en cuenta a quienes recurrieron y ganaron y, sin embargo, con la participación activa de quienes cometieron la infracción: el Ayuntamiento de Yaiza, que fue quien otorgó la licencia, y la empresa hotelera, que se benefició de ese acto ilegal.

Ambas instituciones no solo se oponen porque la solución supondría evitar el cumplimiento de la legalidad urbanística y porque no han sido partícipes de esa propuesta realizada, sino porque también se estaría obviando otra sentencia firme que hace imposible esa vía, que es la que anula la agrupación de las dos parcelas donde se asienta el hotel, que se declaró nula porque en medio hay una zona verde, que sigue ocupando el establecimiento y que debía ser un paso hacia la costa en el que no se podía edificar nada.

La Fundación César Manrique, en sus alegaciones anteriores, apuntaba en ese procedimiento que la ejecución de la sentencia consiste en la demolición del hotel al ser ilegalizable.

Negativa del Cabildo

Es la segunda vez que el hotel solicita una mediación. En el año 2018 se la pidió al Cabildo y sus servicios jurídicos se negaron. El establecimiento sostenía entonces que la mediación permitiría “una mayor comprensión de la situación existente y contribuiría a componer adecuadamente en el marco de la ley todos los intereses públicos y privados implicados”.

El hotel insistió en pedir la mediación directa del consejero competente en materia de Política Territorial, que era entonces Echedey Eugenio, por “la discordancia existente entre el papel de la representación procesal del Cabildo y lo que han venido siendo los pronunciamientos de los responsables institucionales”.