Podemos Canarias ha manifestado este domingo que “repulsa y rechaza la acción militar” que el ejército de Marruecos lleva a cabo en la zona de El Guerguerat contra la población civil saharaui que protagonizaba una protesta pacífica y ha pedido al Gobierno de España y a la UE que lo condenen.

En un comunicado, Podemos Canarias solicita también a España y a la UE que medien para asegurar que la Minurso ejecute “el mandato primordial para el que fue creada: la celebración de un referéndum libre y justo en el que el pueblo del Sáhara Occidental ejerza (...) su derecho a la autodeterminación y a la independencia y se acabe con la descolonización de la última colonia de África".

Desde la formación morada en las islas se señala que "la Unión Europea no puede seguir ignorando uno de los conflictos más prolongados y dolorosos situado frente a sus puertas”.

Así mismo, sostiene que las protestas pacíficas en El Guerguerat se deben al incumplimiento del Derecho Internacional por parte de Marruecos, que continúa ocupando ilegalmente un territorio que no le pertenece debido a la pasividad de las Naciones Unidas (ONU) lo que ha provocado el desaliento del pueblo saharaui.

El Guerguerat, como sucede con el resto del Sáhara Occidental, no pertenece legalmente a Marruecos y que ni siquiera el reino alauita lo asume como suyo, puesto que según los acuerdos militares a los que llegaron ambas partes la región se encuentra en la llamada "zona de separación", añade el comunicado.

Podemos Canarias considera, igual que el Frente Polisario, que Marruecos no sólo viola el acuerdo del alto al fuego que entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 con el que se ponía fin a 16 años de guerra, sino también el Acuerdo Militar número 1 suscrito entre el Frente Polisario y la Minurso (Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental) en diciembre de 1997 y entre Marruecos y la MINURSO en enero de 1998.

Para esta formación política, el “ataque militar” contra la población saharaui es el último episodio de la violación sistemática de la legislación internacional por parte de Marruecos” y la constatación de que tanto España como la Unión Europea y Naciones Unidas han preferido “dejar enquistado un conflicto y abandonar a todo un pueblo”.