Dos organizaciones que trabajan con la infancia en Canarias, Ocho Pies y Porteando Futuro, han presentado una queja ante el Diputado del Común en la que denuncian el cierre de los parques infantiles en las islas que se encuentran en nivel tres de alerta, y solicitan su apertura. Consideran que la medida es “particularmente injusta, inútil e ilegal en cuanto que atenta contra los derechos de la infancia”.

Según señala el texto de la queja, “el cierre de los parques deja desamparada a una buena parte de la infancia dado que estos espacios son uno de los pocos lugares seguros en los que las niñas y los niños pueden desarrollar una actividad vital para su desarrollo como es el juego, el ejercicio físico y el establecimiento de relaciones con sus iguales”.

Los parques constituyen “el único equipamiento que las administraciones ponen al servicio de uno de los derechos humanos más importantes de la infancia por el que han de velar, esto es, el juego y el esparcimiento” y resultan, por tanto, “una infraestructura pública fundamental para garantizar uno de los principios inspiradores de los derechos humanos de la infancia, el de la igualdad de todas las niñas y los niños, puesto que contribuye a paliar las diferencias sociales”. La medida afecta más a  los niños y las niñas más desfavorecidos económicamente.

“Son precisamente estos los que no pueden disfrutar de hogares o espacios privados amplios y de calidad donde poder jugar en un entorno sano, negándoles así una de las escasas oportunidades que tienen de realizar ejercicio físico y, por tanto, vulnerando otro de los derechos de la infancia, el derecho a la salud física y mental ampliamente recogido en la citada Convención”, aseguran.

Las dos organizaciones recuerdan que Canarias cuenta con unos de los índices de obesidad infantil más altos del Estado, uno de los principales riesgos para la salud de este colectivo especialmente protegido, que afecta fundamentalmente a las familias más desfavorecidas. Los parques constituyen además el equipamiento público más seguro dirigido específicamente a la infancia, al tratarse de espacio completamente abiertos.

Califican la medida como inútil puesto que, por un lado, hay suficiente consenso científico en estimar como poco significativo el contagio a través del contacto con superficies, y por otro, porque “ha quedado constatado que las niñas y los niños no son grandes transmisores ni tampoco el principal grupo de riesgo (es más arriesgado para su salud seguir confinándolos y quitándoles oportunidades de jugar). Y por otro, porque el juego es tan fundamental para la infancia que las familias buscarán inevitablemente otros espacios para satisfacer esta necesidad insoslayable y se verán obligadas a encontrarse en espacios cerrados, mucho más peligrosos”.

Medida “ilegal”

A lo largo del curso escolar, los colegios han demostrado que el juego al aire libre no ha supuesto un problema que ocasionase el repunte de casos. Piden que las medidas implementadas por las administraciones que se dirigen a un colectivo especialmente protegido como es la infancia estén amparadas en la rigurosidad científica y en la eficacia contrastada.

Finalmente, consideran que es una medida “ilegal”, puesto que vulnera los derechos de la infancia, como la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la recreación y el derecho a la salud, entre otros. Estos derechos son de obligatorio cumplimiento y se están viendo seriamente perjudicados.

Lo que solicitan al Diputado del Común es que establezca un criterio que permita evitar que se sigan cerrando recurrentemente los parques infantiles si dicha medida carece de justificación y utilidad, investigando los actos y decisiones tomadas por el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos a este respecto, comprobando si existe criterio técnico con rigor científico que lo respalde y que, no siendo así, se tomen las medidas oportunas para impedirlo.