La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a penas de dos a ocho años de cárcel a tres de los cuatro acusados de estafar más de 2,7 millones de euros a 84 personas en Telde, Gran Canaria, a las que ofrecían inmuebles a buen precio, que aseguraban que conseguían en pujas de subastas públicas.

Según la sentencia de la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, el cuarto acusado que ha sido absuelto por el tribunal es un conocido abogado y profesor de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, del que la principal procesada decía a sus clientes que le auxiliaban en su negocio.

La banda de estafadores, que operó entre los años 2010 y 2014 en Telde, estaba formada por una mujer de 48 años, que se hacía pasar como una profesional que se dedicaba a la gestión de embargos, y su marido, ambos condenados a ocho y seis años de cárcel, respectivamente.

El matrimonio también ha sido condenado al pago de una multa de 4.800 ella y de 4.500 euros él.

El tercer componente es el hermano mayor de la procesada, al que se le ha impuesto una pena de dos años de prisión, y su función, según los hechos probados, era captar algunos clientes. Además, evitó que los que sospechaban del engaño reclamaran.

Este procesado deberá abonar una multa de 2.400 euros.

Los dos principales acusados deberán indemnizar a sus víctimas con 2,6 millones de euros, según el fallo.

La acusada aseguraba que participaba en subastas judiciales haciendo pujas de lotes de propiedades inmobiliarias, especialmente bungalós en el sur de Gran Canaria, y también de otros inmuebles y vehículos de alta gama en otros puntos de la isla.

Así mismo, decía a sus clientes que obtenía esos bienes en lotes a muy bajo precio y que, por eso, después los podía ofrecer con precios muy competitivos. Como condición, exigía a sus víctimas adelantar parte de la inversión en depósito, si bien después les hacía pagar más dinero para evitar que otros subasteros le arrebataran los lotes, con la promesa de que esas entregas serían descontadas.

El matrimonio en un principio actuaba bajo con su nombres propios, pero a partir de 2012 creó una sociedad para dar mayor apariencia al negocio, y los clientes o bien entregan en efectivo sus depósitos o los transferían a una cuenta corriente a nombre de la empresa Canarias Gestión de Embargos.

Los dos principales acusados mostraban a sus clientes las supuestas propiedades que estaban pendientes de subastar y documentos judiciales, como edictos o resoluciones referidas a embargos que nada tenían que ver con los supuestos lotes o viviendas que ofertaban, pero se aprovechaban de la ignorancia de sus víctimas.

La principal acusada, en 2014, antes de ser detenida, ante las reclamaciones de sus clientes, utilizó a una amiga que trabajaba en la Fiscalía de Las Palmas como funcionaria para recuperar la confianza de aquellos.

La amiga llamaba desde un teléfono de la Administración de Justicia a una lista de clientes que le facilitó la acusada y les decía que estaba haciendo las comprobaciones necesarias para poder firmar la propiedad, si bien no quedó constancia de que esta fuera conocedora de la trama.