La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha iniciado el periodo de estudio, análisis y respuesta luego de recibir 43 alegaciones y sugerencias tras el cierre del periodo de consulta pública previa al informe del proyecto de Ley de Renta Ciudadana.

Una de las cuestiones planteadas fue que esta ley sea compatible con otros tipos de ayudas, como prestación no contributiva o con ayudas por discapacidad, según ha informado la Consejería este lunes en un comunicado.

Asimismo, se ha solicitado que se establezcan controles para evitar fraudes; que los perceptores de la ayuda contribuyan a la sociedad mediante el trabajo voluntario; que la renta ciudadana venga acompañada de políticas de fomento del empleo y que la concesión de las ayudas se realice de forma ágil, mejorando la coordinación interadministrativa.

Estas 43 aportaciones suponen una media de participación elevada, ya que en el 2019 se recibieron una media de 12 alegaciones en otras propuestas normativas abiertas a consulta pública por el Gobierno de Canarias, de las cuales solo 5 fueron presentadas por organismos o asociaciones y el 90% se mostraron a favor de la implementación de la Renta Ciudadana.

Según ha explicado la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, la consulta se abrió con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura ley de Renta Ciudadana.

"Tras el cierre de la consulta, el siguiente paso es realizar diversos informes técnicos, entre ellos, un informe de resultados en el que se recogen las propuestas, se analizan las mismas y se les da respuesta motivada a las alegaciones presentadas”, ha aclarado la viceconsejera.

Gemma Martínez ha subrayado la importancia de la consulta pública ya que el objetivo de la Consejería es contar con "una ley lo más consensuada y participada posible por parte de todas las partes implicadas".

El proyecto de Ley Renta de Ciudadanía responde a la prerrogativa establecida en el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía del Gobierno de Canarias, en el que se establecen como una obligación para el Gobierno la creación de una Renta de Ciudadanía que permita garantizar unos ingresos de vida dignos a toda la población canaria.

La viceconsejera ha asegurado que es urgente contar con una herramienta que garantice a la ciudadanía unas condiciones de vida digna a la vez que establezca vías por las cuales las familias en situación de vulnerabilidad puedan integrarse social y laboralmente.